PRORROGA DE LA LEY DE EXTERIORIZACIÓN VOLUNTARIA DE LA TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR (“LEY DE BLANQUEO”)

Publicado hace 5 años

Por Jorge Daniel Grispo y Ezequiel Landry

INTRODUCCIÓN

El 30 de septiembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial el decreto 2008/2015 que dispone la prórroga de la ley 26.860 de “EXTERIORIZACIÓN VOLUNTARIA DE LA TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR”, mejor conocida como “ley de blanqueo de capitales”.
Es la novena ocasión en que se prorroga la mencionada ley que fue sancionada el 29 de mayo de 2013 y promulgada el 31 del mismo mes. Las prórrogas anteriores se efectuaron a través de los decretos Nros. 1.503/13, 2.170/13, 440/14, 1.025/14, 1.705/14, 2.529/14, 471/15 y 1.232/15, en las que se dispuso la prórroga por tres meses calendario, a partir del 1 de octubre de 2013, del 1 de enero de 2014, del 1 de abril de 2014, del 1 de julio de 2014, del 1 de octubre de 2014, del 1 de enero de 2015, del 1 de abril de 2015 y del 1 de julio de 2015, respectivamente, de los plazos previstos en la Ley N° 26.860.
Entre los considerandos de la resolución que se comenta se menciona de forma genérica que “la exteriorización de capitales permite emplear recursos líquidos ociosos para financiar inversiones productivas y sociales que apuntalen el proceso de crecimiento, profundicen la reindustrialización iniciada en 2003 y permitan la inclusión de vastos sectores de la sociedad.” La prorroga se sustenta en “razones operativas, y con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley N° 26.860…”
Recordemos sucintamente que la ley, al momento del debate parlamentario fue cuestionada en tres ejes principales: 1) representa una iniquidad para todo contribuyente cumplidor; 2) está destinada a legalizar capitales mal habidos de funcionarios y empresarios corruptos y 3) la improvisada estructura de la ley finalmente no cumplirá su objetivo de atraer capitales.
Pese a estos cuestionamientos la ley fue aprobada con la esperanza de captar al menos 3200 millones de dólares de los 158.338 que se encuentran fuera del circuito financiero y dar impulso al sector energético y de la construcción, creando tres instrumentos: 1) Los CEDIN – Certificados de depósito para inversión; 2) Los BAADE – Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (registrable o al portador) y 3) Los Pagarés de Ahorro para el Desarrollo Económico.
El 7 de junio de 2013 la AFIP emitió la RG 3509/2013 que reglamenta los aspectos impositivos del régimen, así quienes exterioricen la tenencia de moneda extranjera:
No estarán obligados a informar a la AFIP la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas.
No estarán sujetos a responder por los incrementos patrimoniales no justificados, con respecto a las tenencias exteriorizadas.
Quedan liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria, administrativa, penal cambiaria, así como de toda responsabilidad profesional que pudiera corresponder, por transgresiones que resulten regularizadas bajo el régimen del nuevo blanqueo.
Quedan comprendidos en este beneficio los socios administradores y gerentes de sociedades de personas, directores, gerentes, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de sociedades anónimas y en comandita por acciones y cargos equivalentes en cooperativas, fideicomisos y fondos comunes de inversión, y profesionales certificantes de los balances respectivos.
Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, incluidos, en su caso, los intereses, multas y demás accesorios de anticipos no ingresados, conforme se indica a continuación:
Impuestos a las Ganancias, a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias: respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, por el importe equivalente en pesos de la tenencia de moneda extranjera que se exteriorice.
Impuestos Internos y al Valor Agregado: el monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas —o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada— por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar.
Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales y Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas: respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas.
Impuesto a las Ganancias: por las ganancias netas no declaradas, en su equivalente en pesos, obtenidas en el exterior, correspondientes a las tenencias que se exteriorizan.
Estarán exentos del impuesto sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, los hechos imponibles originados en la transferencia de la moneda extranjera que se exteriorice, así como también los que pudieran corresponder a su depósito y extracción de las respectivas cuentas bancarias.
En el supuesto que la exteriorización sea efectuada por sociedades del inc. b del art. 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, la misma liberará del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los socios, en proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo con su participación en las mismas.
Las personas físicas y sucesiones indivisas que efectúen la exteriorización, podrán liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares.
Los funcionarios de los organismos competentes no formularán denuncia penal contra aquellos responsables que regularicen su situación a través del régimen de blanqueo, relacionados con los conceptos incluidos en la regularización. No sustanciarán los sumarios penales cambiarios ni efectuarán las denuncias penales correspondientes.
Estos beneficios no eliminan las disposiciones de la ley 25.246 – Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. El artículo 14 de la ley aclara que ninguna de las disposiciones de esta ley libera a las entidades financieras y demás personas obligadas (escribanos, contadores, síndicos, directores y demás) de las obligaciones emanadas de las normas para la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias.
Solamente la figura penal de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria quedan liberadas. De hecho -dice la ley- los contribuyentes al momento de exteriorizar los fondos deberán presentar una declaración jurada donde manifiestan que los fondos tienen un origen legal. El artículo 8 de la resolución general 3509, en su inciso c), establece que la exteriorización realizada en los términos de la ley implica la declaración jurada de que los fondos no provienen de la comisión de delitos previsto en la ley antilavado.

2. LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Y EL EXCESO EN LAS FACULTADES INTERPRETATIVAS DE LA AFIP.
Pero tan “llamativo” como todo lo dicho es que también, en el artículo 17 de la ley se dispone: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.” (Recordemos que la ley ha sido prorrogada hasta ahora nueve veces).
Esta disposición ha sido duramente cuestionada por la doctrina y es claramente perjudicial al contribuyente en cuanto no permite la extinción de la obligación tributaria. Súmese el hecho que la AFIP ha interpretado este artículo con carácter general para todo el universo de contribuyentes en la órbita del Organismo (art. 7 RG 3509).
Según el artículo 2 de la ley 11.683, la interpretación de la norma tributaria debe atender al fin de la misma y a su significación económica. Esto significa que “las normas impositivas, incluso las que estatuyen beneficios de carácter fiscal, no deben entenderse con el alcance más restringido que su texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación; principio que, en el marco de la ley 11683 (Adla, 1920-1940, 309), se concreta en el artículo 11, según el cual en la interpretación de la leyes tributarias se atenderá a su fin y a su significación económica…”
Asimismo es necesario tener en cuenta que tanto la suspensión como la interrupción de una prescripción en curso, por circunstancias ajenas, son inconstitucionales en cuanto afectan en forma patente la seguridad jurídica.
Es entonces más lógico suponer que los efectos de la interrupción o suspensión de la prescripción se producen únicamente sobre el universo de contribuyentes abarcados por la finalidad de la norma de que se trata. Recordemos que en el caso se trata de una ley sumamente puntual de “exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera”. Entonces la disposición sobre la suspensión de la prescripción debería ceñirse sólo a aquel ámbito y no más allá del mismo.
En los debates parlamentarios de diputados (período 131, reunión 5, Sesión 4 del 29/05/2013), se puede apreciar como la cuestión queda perfectamente aclarada cuando el Sr. Diputado Pinedo solicita al miembro informante explicaciones: “Señor Pinedo – Señor presidente: tal vez mi preocupación se salde con una aclaración que quede registrada en el Diario de Sesiones. El artículo 17 prevé que se extiende por un año el plazo de prescripción, y al principio dice ‘con carácter general’. Esto parecería indicar que la totalidad de las situaciones de todos los habitantes de la Argentina con el Fisco van a verse perjudicadas por el aumento de un año en el plazo de prescripción.
En la economía empresaria normal se suele hacer algo, que son las previsiones, es decir, se reservan recursos para hacer frente a pasivos potenciales, que pueden existir o no, y esto se calcula sobre la base de las leyes. Estas últimas tienen plazos de prescripción y esto es relevante para el cálculo de los riesgos.
Entonces, no entiendo muy bien qué sentido tendría que aumentemos los plazos de prescripción para cualquier situación fiscal. Me parecería mucho más razonable que quede claro que esta extensión del plazo de prescripción se refiere a los que se acojan al régimen de blanqueo. Si no queda claro y se interpreta que se extiende la prescripción para cualquier persona, y no para los que se acojan al régimen de blanqueo, le voy a pedir al oficialismo que evalúe la posibilidad de dictar una ley correctora de esta anomalía, porque la verdad es que no veo cuál es la utilidad social de tomar esa medida.
Por eso le pediría al diputado Feletti que nos aclare el punto.” (…)
Luego el Sr. Diputado por Córdoba expresa también su preocupación sobre el punto: “(…) Señor presidente: en cuanto al artículo 17, adhiero a lo expresado por el diputado Pinedo, a lo cual ya había hecho referencia en la discusión en general. Esto parece aplicarse a todos los juicios de ejecución o a todas las hipótesis de deudas tributarias; no tiene relación estricta con la ley en consideración.
En cuanto al artículo 20, que dice: “Facultase al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar los plazos previstos en el presente régimen”, no queda claro -y propongo que sea motivo de especial precisión- si se refiere a los plazos de presentación, a los plazos de extensión del beneficio o a la posibilidad de que en el tiempo esta amnistía fiscal vaya siendo prorrogada por el Poder Ejecutivo, lo cual jurídicamente es imposible.
Son dos situaciones ya señaladas que reitero ahora, al momento de la discusión en particular, para que el oficialismo trate de salvarlas.
Finalmente el miembro informante se expide sobre el tema en los siguientes términos:(…) Señor presidente (Domínguez) – Tiene la palabra el señor miembro informante. Señor Feletti – “Señor presidente: a pesar de que ya se ha votado, voy a aclarar que… Respecto del artículo 17, es válida la inquietud del diputado Pinedo: corresponde a quienes se acojan a este régimen, para que no especulen…
Es por ello que, contando con la voz diáfana del legislador, no cabe interpretar sus palabras en otro sentido. Es por ello que cuando la AFIP en el artículo 7 de la RG 3509 dice: “La suspensión del curso de la prescripción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de esta Administración Federal y para aplicar multas relacionadas con los mismos, así como la caducidad de instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales, prevista con carácter general en el Artículo 17 de la Ley Nº 26.860, alcanza a la totalidad de los contribuyentes o responsables, hayan o no exteriorizado moneda extranjera en los términos del régimen reglamentado por esta resolución general.”, está excediendo sus funciones interpretativas, pues pretende suprimir la voluntad legislativa en un exceso de atribuciones.
No es el motivo de este artículo, pero basta con recordar que no cabe interpretar la ley cuando esta no lo requiere. La voluntad legislativa en el espíritu de la norma en todo caso debe buscarse cuando no se encuentra, más no cuando surge palmariamente de la voz del propio legislador. Hacer lo contrario, no sólo es improcedente en términos de lógica y orden jurídico, sino que también es antagónico con toda buena práctica constitucional y fiscal. A esto se le debe sumar el defecto de origen legislativo que, a través de este tipo de leyes, promueve una cultura de incumplimiento y desorden fiscal.

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