Modificación al sistema de traspaso de las obras sociales de los trabajadores

Publicado hace 2 semanas

En fecha 07 de julio de 2021, por medio del Decreto 438/2021, el Presidente de la Nación, ha publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, la medida que dispone que los trabajadores que inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la prestadora médica de su rama de actividad, antes de poder ejercer la opción de cambio.
A través del decreto 438/2021 publicado el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional dispuso modificaciones en el sistema de libre elección de las obras sociales. La medida establece que los trabajadores que inicien una relación laboral deberán permanecer 1 año en la obra social correspondiente.
El decreto lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Salud Carla Vizzoti, e indica que la opción de cambio “podrá ejercerse solo UNA (1) vez al año durante todo el año calendario y se hará efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud”.
La normativa señala que el derecho de opción a cambio de obra social deberá ejercerse de manera individual y personal por el beneficiario o la beneficiaria “a través de las modalidades dispuestas y/o las que en el futuro disponga la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, garantizando los principios de transparencia, integridad, celeridad e informalidad a favor de los beneficiarios y las beneficiarias”.
Asimismo, se indica que la Superintendencia de Servicios de Salud deberá llevar un “registro de las opciones de cambio realizadas por los beneficiarios y las beneficiarias del Seguro de Salud. Los Agentes del Seguro de Salud deberán conservar los libros especiales rubricados en donde se vinieron registrando las opciones de cambio”.
Las disposiciones que componen el presente Decreto, entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 08 de julio de 2021.

La iniciativa tiene por finalidad promover la equidad “en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada”. Quedan incluidos en los servicios de gestión estatal, aquellos bajo la esfera de “Radio y Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E., Télam S.E. y todo otro servicio de comunicación del Estado nacional que se cree luego de la sanción de la presente”. Los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal quedan sujetos al régimen obligatorio y los prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro al régimen de promoción establecidos en la presente.
El proyecto fue aprobado el 11 de junio por la Cámara baja. Retoma la propuesta del colectivo de Periodistas Argentinas con aportes de redes de comunicación feministas como Red –PAR y LATFEM, entre otras agrupaciones.
La normativa establece la creación de un registro de servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada. Asimismo, se expedirá un certificado de equidad en la “representación de los géneros para aquellos prestadores que incluyan dicho principio en sus estructuras y planes de acción”. El certificado acreditará la implementación y promoción de las disposiciones de la presente, y puede ser utilizado en todas sus estrategias de comunicación institucional.
Para acceder al registro y obtener el certificado, los servicios de comunicación operados por prestadores privados deberán elaborar anualmente un informe donde acrediten “progresos en materia de equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual, cumpliendo algunos de estos requisitos; Procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros; Políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual; Implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria, de conformidad con la normativa vigente en la materia; Acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras; entre otros.

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