Media sanción del senado a la ley “Yolanda”

Publicado hace 2 semanas

El Senado dio media sanción, en fecha 08 de octubre de 2020, por unanimidad, al proyecto de “Ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los integrantes de los tres poderes del Estado, de manera similar a la “ley Micaela” sobre violencia de género.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en Diputados, recibe el nombre de Yolanda Ortiz en homenaje a quien fue la primera mujer en Argentina y en América Latina en ocupar un cargo relacionado con la temática.

El proyecto prevé la “capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

Detalles del proyecto 

De acuerdo al texto, en los 90 días posteriores a la sanción de la ley, la autoridad de aplicación deberá establecer “los lineamientos generales destinados a las capacitaciones”, para cuya confección deberá convocarse a “instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones”.

Se deberá contemplar, “como mínimo, información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente”.

Las máximas autoridades de los organismos serán responsables de garantizar las capacitaciones, mientras que para las máximas autoridades de los tres poderes, la capacitación estará a cargo directamente de la autoridad de aplicación.

“La información comprendida deberá ser clara, precisa y de base científica, y deberá ajustarse al organismo y al contexto en el que se brinde. El material desarrollado por la autoridad de aplicación será de libre disponibilidad, contemplando su difusión y circulación para actividades de capacitación que quisieran replicarse en jurisdicciones públicas provinciales o municipales, así como en otros ámbitos privados de la República Argentina”, indica el proyecto, que invita a las provincias a adherir a la norma.

También dispone que las personas que se nieguen “sin justa causa” a realizar las capacitaciones “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación”, y el incumplimiento de esa intimación “será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente”.

Como sanción adicional, la autoridad de aplicación podrá hacer pública la negativa a participar en la capacitación en su página web.