Inconstitucionalidad del nuevo Art. 45 de la Ley 24.240

Publicado hace 6 años

Las garantías que se suprimieron en la redacción del nuevo art. 45 de la Ley 24.240 a raíz de la reforma de la nueva ley de  procedimientos en las Relaciones de Consumo.

La reforma que se realizó a la ley de Defensa del Consumidor, en octubre del año pasado, trajo consigo novedades tales como los nuevos tribunales de las Relaciones de Consumo y la nueva sede administrativa, llamada COPREC, que actúa como instancia previa a acceder a los tribunales mencionados. Sin perjuicio de ello, también procedió a modificar el viejo artículo 45 de la ley de fondo. Esta modificación cercena de lleno las garantías constitucionales de defensa en juicio que posee toda parte denunciada.

El artículo en cuestión trata sobre el procedimiento administrativo ante la dirección correspondiente, una vez que la etapa conciliatoria fracasó y no pudo arribarse a un acuerdo. Establece cómo es el procedimiento de imputación e imposición de una multa si se comprueba que existió una multa a ley 24.240 o legislación complementaria. Con la reciente modificación de la ley 26.993, se introdujo el siguiente cambio: “El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez (10) ddías hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido. En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de ésta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.” Cabe aclarar que, previamente a la mencionada modificación, el recurso cuando se articulaba la imposición de multa era concedido con efecto suspensivo, en cambio, con la nueva redacción se modificó el mismo a un efecto devolutivo.
La postura del legislador se inclinó a adoptar la figura “solve et repete” que se utiliza comúnmente en asuntos de índole tributaria, que también son objeto de numerosas críticas.
Esta figura del efecto devolutivo de las sentencias es utilizada en juicios donde el riesgo de que la sentencia se transforme en abstracta como procesos cautelares, ejecutivos o sumarísimos. El común denominador de este tipo de procesos es que no son característicos de tener una sustanciación demasiado extensa. Al contrario, se parte de presupuestos que asisten a la parte peticionante, como es en el caso del juicio ejecutivo en donde tiene un título de causa justa exigible. En el caso de las sentencias cautelares, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora hacen que se dicte este tipo de medidas, con la garantía que posteriormente se dicte sentencia en un proceso ordinario y que aclare la situación. Algo que también puede suceder en el ejecutivo. Pero a pesar de ello, toda sentencia es dictada por el juez natural que conoce derecho y responde a la estructura constitucional con sus garantías. Por lo tanto, este tipo de efecto en el recurso de apelación, se aplica solamente para situaciones en donde la demora es de una gravedad considerable y que su demora podría dejar a la sentencia en abstracta. Algo que no pareciese suceder, a prima facie, en las denuncias administrativas de Defensa del Consumidor.
El procedimiento de las sedes administrativas para el caso de consumidores es un proceso que su intención apunta a una laxitud en la formalidad. No se requiere de letrado patrocinante ni un conocimiento del derecho que asiste al reclamo formulado. Se trata de una etapa de mediación en donde el ente administrativo llama a que las partes siempre lleguen a un acuerdo beneficioso.
En caso de que no se arribe a un acuerdo, la denuncia pasa a ser un proceso sumario, en donde el Estado asume la representación del Denunciante. Allí se imputan las supuestas infracciones que el Denunciante estipuló y se corre traslado a la parte requerida a fin de que presente el pertinente descargo frente a dichas acusaciones y ofrezca la prueba que asista a sus dichos.
Normalmente, visto que la etapa administrativa se rige por la ley de procedimientos administrativos y no se caracteriza por respetar demasiado las garantías constitucionales, desafortunadamente. Es muy raro que se abra a prueba la causa y, tampoco suele tenerse en consideración los hechos manifestados por las entidades denunciadas. También es cierto que muchas entidades, en un fin meramente dilatorio, ofrezcan prueba que no tiene relación alguna con el hecho que se intenta probar. Sin embargo, no es una justificación que se deniegue esa etapa, siendo perjudicial para el derecho en defensa que esto sea de común actuar.
Como puede presumirse, es usual que se termine imponiendo una multa a la empresa denunciada sin tener en cuenta su manifestación al respecto, asista o no asista en razón sobre lo acontecido.
No es un hecho menor, tampoco, reconocer que muchas Direcciones de Defensa del Consumidor imputan a las entidades visto que es una manera directa de recaudar fondos para el gobierno local municipal y/o provincial.
Muchas de estas denuncias terminan en imposición de multas de montos absurdos, que incluso habiendo realmente existido una violación a los derechos del consumidor, son fundadas de manera arbitraria e incorrecta, incluso hasta sin siquiera llegando a configurar la figura del daño directo, pareciendo desmedida la multa con el hecho imputado.
A esta realidad que comprende el mundo de las Direcciones del consumidor, parecería que incorporar una figura del recurso de apelación con un efecto devolutivo sería una avasallamiento gravísimo al derecho de defensa y acceso a la justicia. En el caso de una denuncia que la dirección no haya podido probar que la entidad denunciada ha cometido una violación a los derechos del consumidor, que se haya procedido a contestar el descargo pertinente y se haya denegado la apertura a prueba y que además, se haya impuesto una multa de un monto de carácter elevado que afecta el derecho de propiedad de la empresa, exigir el pago previo para poder defenderse sería casi un supuesto de un cinismo sin precedente. Todo esto sin considerar el supuesto que, encima, la entidad no tenga el capital para abonar el monto impuesto en dicho plazo, lo cual lo convierte aún peor. Una multinacional de mucho capital no es probable que tenga este inconveniente, pero sí un comercio menor.
Nuestra Corte Suprema ya ha hablado que montos elevados en donde se imponen sanciones que son de carácter muy elevado que afectarían al derecho de propiedad, causan un perjuicio irreparable en el derecho de Defensa y sientan precedentes muy peligrosos para futuras denuncias.
El proceso administrativo que se estableció para este tipo de objeto es el asimilable al proceso ordinario. No digo que es al sumarísimo porque, es el aplicado para las instancias judiciales en esta materia y posee reglas muy estrictas en lo procesal que no aplican a los procedimientos administrativos. Además, en las instancias judiciales se cuentan con el juez natural, que es un tercero imparcial. En cambio aquí, el estado es la parte y quien juzga, cayendo en obviedad que se necesita más resguardo del debido proceso.
Por el otro lado, no es un dato menor, tener en cuenta, que para el procedimiento ante el COPREC que se determinó en la misma ley 26.993, el art. 36, que la apelación de la resolución administrativa que determine una imposición de multa por violaciones a la ley 24.240 se concederá con efecto suspensivo.
Por lo tanto, es sumamente contradictorio que por un lado en el mismo cuerpo normativo se proceda a considerar que la apelación de una multa merece un efecto suspensivo y luego no.
Asimismo, las razones que se manifestaron en el debate parlamentario son más que suficiente evidencia para mi postura. Se argumentó que debía cambiarse el efecto del recurso visto que todas las entidades denunciadas apelaban. Es decir, que se decide cercenar el derecho de la doble instancia, visto que, las partes hacen un uso de él.
Es cierto que el hecho de apelar la sanción prolonga demasiado del proceso, haciendo que se vea disipado el daño al cual se vio afectado el Consumidor. Sin embargo, ello, no es causal para que las partes sean limitadas en el accionar de su derecho sino una falencia del proceso en sí mismo.
Asimismo, es de naturaleza sumamente arbitraria que el artículo manifieste que la excepción sea un “perjuicio irreparable”. Se supone que toda apelación está fundada en un perjuicio irreparable, es un principio del derecho procesal elemental.
Por último, La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8 establece las garantías judiciales que debe proteger todo estado adherido. Entre ellas está la de poder acceder a la justicia en plazo razonable y recurrir toda sentencia. El imponer un pago previo a toda resolución que sancione a una persona es violatoria de este artículo, indistintamente si posee solvencia financiera para sustentar la multa previa. Al permitir que esto se avale, estaríamos sosteniendo que el Estado realice un abuso de derecho ya que interpreta la norma a su mayor conveniencia. Asimismo, que no puede discriminarse el derecho de defensa o la justica las personas por su situación económica. Es una garantía Constitucional que todos somos iguales ante la ley, por lo tanto, no puede darse distinciones en la forma de utilización de los derechos que posee cada ciudadano.
Por lo tanto, puede apreciarse que, como fue expuesto, esta modificación que se realizó al proceso administrativo de consumidores es violatoria de todo derecho constitucional, así como también contradictoria dentro de la misma reforma.

Fuentes:
Rusconi, Dante, Manual de Derecho del Consumidor, Ed. La Ley, 2° edición actualizada, 2015.
Junyent Bas, Francisco Garzino, María Florencia, Sistemas de resoluciones de conflictos. Primeras reflexiones respecto del proyecto de ley. {LA LEY 26/08/2014, 26/08/2014, 1 – LA LEY2014-E, 685}
Martínez Medrano, Gabriel, Comentario al proyecto sobre la justicia en las relaciones de consumo, {LA LEY 08/09/2014, 08/09/2014, 1}

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