El consumidor bystander en los accidentes de vehículos

La figura del consumidor expuesto o “bystander” ha sido debatida durante varios años sobre si realmente debía o no ser incorporada a nuestra legislación.
Muchos autores como por ejemplo Fariña o Shina han justificado a esta figura argumentando que la figura ya ha sido incorporada en varios países donde tienen una legislación avanzada en materia de defensa del consumidor. En ese sentido, -según estos autores- incorporarla a nuestra legislación, le daría a la figura del consumidor un status equivalente a la concepción arribada en países como Alemania o Estados Unidos. 1

Lo cierto es que ésta incorporación a nuestra legislación, conlleva un cambio trascendental respecto a la propia concepción en el sistema de responsabilidad, en especial en la forma de como deberá ser concebida el factor de atribución de responsabilidad en el marco contractual.
Al respecto se podrá advertir que para poder brindar una mayor seguridad al consumidor, el sistema de responsabilidad, al incorporar esta figura, no deberá quedar circunscripto solamente al ámbito contractual, sino que deberá extenderse más allá de la firma del contrato a hechos pre y post contractuales, incorporando a todos los eventuales actores que podrán hacer valer su reclamo legítimamente sin siquiera contar con un instrumento formal que permita acreditar una vinculación directo con el demandado.
En relación a ello, se podrá señalar que solamente se requiere un daño realizado por un tercero -no necesariamente la empresa- con un producto que cuente con ciertos desperfectos. De efectivamente producirse esa daño, el consumidor final solamente le basta con alegar el daño, poniendo a la empresa en una situación en la cual deberá indefectiblemente probar ante aquél tercero -no ante la persona que personalmente adquirió el producto- que el producto era seguro y que el daño justamente provino de la negligencia en el uso del consumidor -es decir, sería la única forma de que la empresa pueda liberarse de responsabilidad-.
Ahora bien, intentemos volcar estos conceptos abstractos a una situación concreta para poder demostrar si realmente resulta necesario que el consumidor expuesto deba seguir estando vigente o no en nuestra legislación.
Supongamos que un deportista va caminando a la mañana rumbo al entrenamiento para poder prepararse para los próximos torneos venideros que podrán darle cierta jerarquía a su carrera, haciéndolo conocido en el ámbito del deporte y darle cierta fama para poder ser tenido en cuenta para futuras competencias.
De pronto, en una boca calle cuando el deportista se dispone a cruzar, aparece de manera improvista un vehículo que venía a una velocidad determinada. El conductor si bien advierte al peatón, y logra apretar el freno, no logra detener el vehículo y por ello embiste dramáticamente al peatón debiendo ser rápidamente hospitalizado.
El deportista habrá visto que no sólo sus compromisos se verán afectados, no pudiendo participar a ninguna competencia sino que además, según el parte médico dado por el hospital, va a requerir varios meses de rehabilitación mediante un sistema de seguridad social que pueda llegar a costarle mucho dinero.
Ahora bien, seguramente el deportista quiera iniciar una acción contra el conductor por haber frustrado sus compromisos y también por haber puesto no sólo su carrera en riesgo sino también su vida. Sin embargo, por otros medios, el deportista logra conocer que el conductor es una persona insolvente: no cuenta con un inmueble propio, el vehículo es el único bien que tiene a su nombre y que fue adquirido por medio de un plan de ahorro, y se desempeña en un oficio que no le deja un margen suficiente de ahorro para poder colocarlo en una caja de ahorro.
En ese caso, si bien el deportista puede llegar a iniciarle una acción al conductor, y seguramente pueda llegar a hacerle valer la acción, condenándolo a pagarle por una gran suma dineraria que pueda compensar económicamente al deportista por los meses de inactividad hasta que finalmente pueda volver a competir profesionalmente, la realidad es que dicha sentencia no podrá ser ejecutada.
Sin perjuicio de ello, el deportista también logra conocer que el vehículo que venía conduciendo la persona que le causó el daño tenía algunos desperfectos en los frenos, ocasionando que el vehículo no pueda detenerse correctamente cada vez que se activen los mismos. En ese caso, de haber funcionado correctamente dichos frenos, probablemente el vehículo se habría detenido y el accidente se podría haber evitado.
En ese caso, cabe preguntarse si el deportista por medio de la figura del consumidor bystander, “encontró” a la persona que pueda hacerle valer su acción y que asimismo sea solvente como para poder reclamarle la suma pretendida.
En otras palabras, cabe examinar si la figura del consumidor bystander “salteó” a un legitimante pasivo en la producción directa del daño, a otro legitimante pasivo que no estaba presente en el hecho pero que puede serle impuesta una acción de repetición.
Adicionalmente, vamos a poner una situación más drástica: el deportista desgraciadamente muere. Era la persona que se encargaba de mantener a su familia, y por ello ahora que lamentablemente no está, traerá severas complicaciones económicas a la familia que deberá ingeniársela para poder crear otros ingresos que puedan mantener la misma calidad de vida que tenían.
En ese segundo supuesto cabe preguntarse: ¿la esposa y su hijo estarán legitimados para poder reclamarle a la empresa una compensación económica por daños y perjuicios producto de la muerte del deportista? en otras palabras ¿pueden los herederos forzosos hacer valer una acción de defensa del consumidor basado en la figura de consumidor bystander a nombre de la persona que murió?
En el presente trabajo, nos avocaremos a analizar la figura del consumidor bystander como una solución frente a aquellos casos en los que el real legitimante pasivo resulta ser insolvente para poder responder ante los daños provocados por el mismo o por la empresa -en el caso de vicios-. Asimismo, mediante estos ejemplos podremos advertir realmente sus ventajas y desventajas y en qué momento puede utilizarse la figura referida y en qué casos en principio no se podría.

La aplicación de la Figura ante el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

Liminarmente, antes de poneros a analizar los supuestos descriptos en el punto anterior, resulta necesario realizar ciertas aclaraciones sobre la figura del consumidor adoptada por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Seguramente ya se habrán escrito varios ensayos explicando que la figura del consumidor bystander ha sido eliminada del proyecto que finalmente sancionó el nuevo código. Ahora ¿ello significa la eliminación total de la figura? Veamos que no es así.

El artículo 1092 define al consumidor final de la siguiente forma: “Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Veamos que si bien no hace referencia al consumidor bystander, no la deroga; simplemente no la incluye.

Ahora bien, al respecto cabe hacer una aclaración significativa: el Código Civil y Comercial de la Nación no deroga a la aplicación de la anterior ley de Defensa del Consumidor sino que simplemente ambas normas se complementan mutuamente. Prueba de ello surge del artículo 1094 del nuevo código que establece que: “Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor.

En ese caso, el artículo 1 de la Ley de Defensa al Consumidor no se encuentra derogado sino que por el contrario, sigue vigente para las situaciones en las que su aplicación resulta ser más beneficioso para los consumidores finales.

Veamos que justamente el artículo 1 de la referida ley resulta ser mucho mas abarcativa que la definición tomada por el Código: “La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

En este caso, cabe preguntarse si justamente el artículo 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación deroga al anterior artículo 1092 toda vez que la Ley de Defensa del Consumidor al ser más abarcativa en la mayoría de los casos será aplicada por sobre el nuevo código que es más restrictiva.

En ese caso se advierte como claramente la aplicación del nuevo código termina cumpliendo un rol supletoria para el caso en que existan normas que protejan mas favorablemente al consumidor final.

Solamente tomando estos supuestos, el consumidor bystander para interponer su demanda ante las empresas requiere la aplicación del artículo 1094 del nuevo Código y la aplicación del artículo 1 de la ley de Defensa del Consumidor.

Adicionalmente, el mismo código deja ya de por sí una puerta abierta para la figura del consumidor bystanser en su artículo 1096 al establecer que: “Las normas de esta Sección y de la Sección 2a del presente Capítulo son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme a lo dispuesto en el artículo 1092.

En este caso, el consumidor expuesto también sin necesidad de recurrir a la ley de Defensa del Consumidor puede quedar amparado por el nuevo código.

Por último, cabe mencionar que la figura de consumidor bystander surgió de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -“Mosca, Hugo A. c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/Ordinario“-.

En ese caso, la nueva definición establecida por el nuevo código iría claramente en contra de la jurisprudencia del Alto Tribunal quien justamente resulta ser el órgano encargado de interpretar la Constitución Nacional. Sin embargo, será el mismo órgano encargado de definir esta contradicción: de derogar la finalmente la aplicación de la figura mediante un fallo ulterior, o por el contrario, consolidar dicha figura sin tener que derogar el artículo 1092, simplemente aplicando el posterior artículo 1094.

En virtud de ello, cabe concluir respecto a este punto que justamente la figura del consumidor bystander si bien se lo eliminó del proyecto del nuevo Código Civil y Comercial, no la eliminó definitivamente de nuestra legislación toda vez que los mismos artículos prevén una interpretación favorable a su aplicación mediante los artículos referidos.

Es más, el rol que cumple el código es más bien un rol -como ya quedó mencionado- supletorio respecto a las leyes que ya venían protegiendo al consumidor -se deberá aplicar a ley más favorable-, y en ese caso no quedó establecido un conflicto en aplicación de las leyes.

Lo mismo sucede respecto al rol que tiene el Código con respecto al fallo de la Corte. Como resultaría en principio ser más favorable para el consumidor final, entonces dicho fallo debiera también hacerse valer frente a la definición de consumidor final.

La legitimación activa

Una vez que ya se ha observado como la figura del consumidor bystander sigue vigente a pesar de que se lo haya eliminado del proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde efectuar un análisis respecto a si verdaderamente -en el ejemplo citado- el actor tiene la facultad de poder “saltear” un eslabón previo y no demandar directamente al conductor del vehículo sino a la automotriz. Veamos.

Como primer observación del artículo citado, si solamente se toma la literalidad del artículo en su primera parte, se puede advertir que el deportista no estaría legitimado para reclamar a las empresas: “Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.“.

En el caso mencionado, observamos que el actor no estaba utilizando el vehículo, sino que simplemente fue objeto de un accidente peatonal producto de la forma de conducir del eventual demandado.

Distinto hubiera sido si en vez de ser un accidente peatonal se producía una situación en el cuál el deportista se trasladaba por medio de un taxi, y éste último colisionaba gravemente con otro vehículo produciendo graves daños para ambos. En ese caso, la literalidad de la ley efectivamente le otorga al consumidor la legitimación activa para poder demandar a la automotriz para el supuesto caso en que el vehículo haya contado con fallas.

No sólo eso, como el actor en ese último caso quedó amparado por las normas de defensa al consumidor, como consecuencia no sólo está legitimado para demandar a la automotriz, sino también extender la solidaridad al concesionario y también -si el taxi no es particular- a la agencia de taxis que provee los vehículos para ser transportados.

Sin embargo estamos ante otra situación: si un peatón que es arrollado por un vehículo puede ampararse por la figura del consumidor bystander sin siquiera haber utilizado el producto.

El art. 1 de la ley 26361 en su última parte, modificó la actual ley de defensa del consumidor al ampliar el ámbito de legitimación activa al establecer que: “Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo.

En relación a ello, también cabe mencionar que el ya citado fallo del Alto Tribunal, “Mosca, Hugo A. c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/Ordinario” adoptó dicho criterio previamente al dictado de las posteriores reformas de la ley de defensa del consumidor.

En efecto, se recuerda que en dicho fallo, la CSJN ha dictaminado que: “Cabe considerar también el derecho a la seguridad previsto en el art. 42 de la Constitución Nacional, que se refiere a la relación de consumo, que abarca no sólo a los contratos, sino a los actos unilaterales como la oferta a sujetos indeterminados, que es precisamente el caso que se presenta en autos. De tal modo, la seguridad debe ser garantizada en el período precontractual y en la situaciones de riesgo creadas por los comportamientos unilaterales, respecto de sujetos no contratantes. Cada norma debe ser interpretada conforme a su época, y en este sentido, cuando ocurre un evento dañoso en un espectáculo masivo, en un aeropuerto, o en un supermercado, será difícil discriminar entre quienes compraron y quienes no lo hicieron, o entre quienes estaban adentro del lugar, en la entrada, o en los pasos previos. Por esta razón es que el deber de indemnidad abarca toda la relación de consumo, incluyendo hechos jurídicos, actos unilaterales, o bilaterales. Que no cabe interpretar que la protección de la -20- seguridad prevista en el art. 42 de la Constitución Nacional tenga un propósito meramente declarativo, sino que, por el contrario, es correcta la hermenéutica orientada hacia el goce directo y efectivo por parte de sus titulares. La seguridad que en este caso debe ser entendida, como el simple derecho de asistir a un espectáculo público sin sufrir daño alguno es un propósito que debe constituir la máxima preocupación por parte de quienes los organizan cuando éstos importan algún riesgo para los asistentes, así como de las autoridades públicas encargadas de la fiscalización.

En ese sentido, el fallo en cuestión alteró significativamente y para siempre el concepto que la legislación argentina tenía respecto al consumidor final. Asimismo, como consecuencia de ello, también cambio drásticamente el criterio jurisprudencial en cuanto a la aplicación de la normativa referida frente al sistema general de daños previsto por el antiguo Código Civil. A partir de ello, cualquier relación jurídica en la que haya devenido en un daño para una de las partes -como el presente caso- podía aplicársele la ley de defensa del consumidor, y de esa forma “saltear” al responsable directo del hecho y accionar directamente contra las empresas.

Ejemplo de ello, puede mencionarse el siguiente fallo del furo comercial que ha dicho que: “A los efectos de determinar si una relación debe o no ser calificada como de consumo, la calidad de las partes es en principio irrelevante, toda vez que según surge de la citada norma, lo que a estos efectos interesa es determinar cuál ha sido el destino final recibido por el bien adquirido (v. “Toyota Cía. Financiera de Argentina SA c/ Labonatur SRL, 5.6.12; “Fábrica Austral de Productos Eléctricos SA c/ Márquez SA”, 8.3.12). Es visible, así, que la Ley 26361 introdujo importantes modificaciones al artículo 1º de la Ley 24240 y extendió su aplicación a numerosos actores que anteriormente no eran considerados consumidores o usuarios, y también asimiló la situación de éstos a quien  “sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social” y “a quien de cualquier manera  está expuesto a una relación de consumo” (cfr. Santarelli, en “Hacia el fin de un concepto único de consumidor”, LL. 2009-E-1055; y Gregorini Clusellas, en “La responsabilidad en el régimen de protección al consumidor”, LL. 2008-D-1007, quien denomina a ese sujeto como bystander o tercero no consumidor equiparado). De otro lado, necesario es también mencionar que el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24240) aprehende a las personas físicas y jurídicas, siempre y cuando el bien hubiere sido adquirido para su consumo final.” 2

De esa forma, queda establecido como un peatón que ha sido arrollado por un vehículo ciertamente puede accionar directamente contra -en este caso- la automotriz y contra todo el resto de la cadena de producción.

 

La legitimación de sus herederos

Sentado la legitimación con la que cuenta en este caso el deportista, cabe ahora preguntarse si dicha legitimación puede ser ampliada aún más para el caso de sus herederos. En otras palabras, ¿pueden los herederos forzosos invocar la figura del consumidor bystander para demandar directamente al fabricante y a toda la cadena de producción?

El artículo 2280 del Código Civil y Comercial establece que: “Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquél de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor (…).

En atención a dicha definición adoptada por el nuevo Código, claramente

los herederos forzosos podrían demandar directamente al conductor del vehículo por la lamentable muerte de su ser querido.

Ahora bien, la figura de consumidor bystander resulta ser una condición que en principio no puede ser transmitida por herencia a sus herederos dado a que, si nos atenemos a la literalidad estricta de la ley de defensa del consumidor, solamente puede invocar la figura de consumidor bystander aquella persona quien ha estado “expuesta” a la relación de consumo y ha experimentado un daño fruto de ello.

Esa condición personal que revestía el causante al momento de su fallecimiento no puede ser transmitida a los herederos forzosos. En ese sentido, el derecho que la legislación le otorga al sujeto activo en su condición de consumidor bystander reviste vital significancia en su posición frente al contrato de consumo, que no resulta ser la misma para el caso de los herederos.

Sin embargo, pareciera que la literalidad del art. 2280 demuestra todo lo contrario. Los herederos forzosos heredan “todos los derechos y acciones de aquél de manera indivisa“. Es decir, estarían “sustituyendo” al causante en su situación a nivel patrimonial como así también para hacer valer sus derechos.

En ese orden de ideas, estarían haciendo valer los derechos que inicialmente le correspondían hacer valer al accionante.

A raíz de ello es que no se estaría heredando la condición de consumidor bystander sino que más bien se estaría ejerciendo ciertos derechos, producto del cuasidelito efectuado que solamente pueden hacerse valer por medio del accionar de los herederos forzosos.

En ese caso, el heredero forzoso -y solamente el heredero que reviste esa condición-, al adquirir el derecho que la ley inicialmente le había dado al causante en su condición de bystander, puede accionar contra las empresas; puesto que de concederse dicho derecho, se lo está amparando en la ley de defensa del consumidor y por ello puede recurrir a las restantes instituciones que prevé la norma específica de defensa del consumidor.

Cabe asimismo, preguntarse si en la situación descripta, los propios herederos forzosos también revisten de la condición de consumidor bystander. Un argumento que podría alegarse para conceder dicha condición es que los sucesores en cierta medida estuvieron expuestos a un severo daño fruto de una relación de consumo. El daño en este caso estaría traducido en la pérdida de un ser querido como consecuencia de un vehículo que habría presentado severas fallas que afectarían su normal funcionamiento.

En ese caso, justamente no se requeriría que los herederos forzosos deban acreditar su condición previa de herederos para hacer valer los derechos del causante. Por el contrario, basta solamente alegar la condición de consumidor bystander para poder demandar a las empresas.

Consecuentemente, el consumidor bystander en este caso podría acreditar que el vicio redhibitorio representó una condición inmediata y directa que indefectiblemente causó la muerte de su ser querido. Entonces, la muerte de la persona representa en este caso el daño que surge producto de una relación de consumo entre el conductor y las empresas.

Por ello, ya sea de una forma u otra y siguiendo la literalidad tanto del Código Civil y Comercial de la Nación como de la Ley de Defensa del Consumidor, la figura del consumidor bystander puede ser igualmente ejercida por el heredero forzoso que por un lado hereda todos los derechos y las acciones del causante como así también en su condición de consumidor bystander.

Un análisis aparte merece la condición de un pariente colateral -ejemplo hermano o primo-. En estos casos la jurisprudencia ha sido constante al negarle a este tipo de heredero la sucesión de acciones por daño moral -solamente pueden ser ejercidas por herederos forzoso-.

En ese caso, si el heredero se presenta en un proceso judicial no como consumidor bystander, sino como heredero colateral, entonces el ámbito de la indemnización pretendida claramente -por más que la doctrina opine lo contrario-, será de menor cuantía dado a que la ley no le permite a los herederos colaterales pretender una acción por daño moral.

Por el contrario, si el heredero colateral no se presenta en su condición de sucesor sino en su condición de consumidor bytander entonces, seguramente podrá pretender una indemnización que permita incluir los daños morales a raíz de que el daño sufrido se traduce nuevamente en la pérdida de un ser querido. Es que en este caso el daño moral alegado por el actor no es el daño moral de la víctima fatal que puede hacerse valer solamente por herederos forzosos sino que el referido daño moral se traduce en el propio daño soportado por el hermano -entre otros como también puede ser tíos, sobrinos, etc.- que efectivamente puede hacerse valer e igualmente acreditarse en un litigio judicial.

En este caso, el lector puede advertir que en principio los herederos pueden en cierta forma “heredar” o “asumir” la condición de consumidor bystander pero los límites estarán dados más que nada en su condición de que clase de herederos son respecto a la víctima.

Ahora bien, una vez establecido el criterio de quienes están legitimados legalmente para poder accionar directamente contra la empresa sin necesidad de acudir una acción judicial previa contra el conductor del vehículo, resulta necesario explicar cómo se puede hacer valer dichos derechos en la práctica procesal.

Este punto, será analizado a continuación de acuerdo a los remedios legales que trae el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 3

 

La utilización de la figura para aspectos procesales

Como se analizó en el punto dos, la figura del consumidor bystander puede ser una alternativa para el caso en que damnificado directo resulta insolvente para responder frente a los daños provocados por el uso del producto, con la condición de que se presente un vicio redhibitorio.

Esta última condición presenta ciertas elementos que deben ser tenido en cuenta para ambas partes que integran el litigio.

Para el caso del consumidor bystander, y tomando en cuenta solamente la literalidad de la propia ley de defensa del consumidor, el actor solamente debe acreditar los daños que le fueron provocados por el accidente. En ese caso solamente debe probar

el daño moral sufrido, lo cual está en perfectas condiciones de acreditarlo mediante prueba informativa al hospital, pruebas testimoniales, pericias médicas y documental.

Por otro lado, no estaría obligado a demostrar de una forma acabada que el vehículo que produjo el accidente efectivamente presente o no el vicio alegado. Todo lo contrario, como la referida ley prevé la carga de las pruebas dinámicas hacia el productor, en ese caso, es el propio fabricante que tiene que acreditar que el vehículo esta en óptimas condiciones de uso y goce y que asimismo, medio una negligencia en el actuar del consumidor que como consecuencia produjo los daños.

En efecto, las cargas de las pruebas dinámicas debieran ser aplicadas de esa forma en la mayoría de los procesos judiciales como así también en las oficinas administrativas de defensa del consumidor, dado a que justamente se considera que el productor -dado su condición comercial de fabricante- se encuentra en mejor posición, respecto al consumidor para poder demostrar que de su parte no hubo culpa. 4

En ese caso, dado a que de tratarse de un vicio redhibitorio en la cosa, el actor puede ampliar la responsabilidad a los restantes miembros de la cadena de producción por medio del art. 40 de la ley de defensa del consumidor. Por ello es que no sólo el fabricante, sino también el concesionario -¿y por qué no?- la empresa administradora de plan de ahorro también deberán probar que hubo negligencia en el en la forma de conducir del vehículo de la persona que causó el accidente.

Ahora bien ¿qué remedios legales pueden tener las empresas para poder acreditar que un vehículo que no forma parte de la propiedad de ninguna de las partes intervinientes pueda probarse que el mismo se encontraba en óptimas condiciones de uso y funcionamiento?

Por ello es que resulta relevante la participación del tercero propietario del 

vehículo en el juicio dado a que el funcionamiento de dicho automotor determinará verdaderamente si efectivamente el actor está legitimado para dirigir su reclamo ante las empresas o por el contrario, no le quedaría otra alternativa que demandar al propietario del vehículo que resulta insolvente.

En ese caso, la defensa de las empresas estará divida en dos partes: citación del tercero propietario del vehículo y ulteriores pruebas que determinen la efectiva existencia de vicios redhibitorios.

Para la primera parte, las empresas inexorablemente necesitan traer al presente juicio al dueño del vehículo, por ello el art. 90 del CPCCN prevé una solución para la pregunta que fue formulada más arriba. 5

De esta forma, el lector puede ir advirtiendo como la figura del consumidor bystander acrecienta posteriormente el número de legitimantes pasivos y activos que pueden intervenir en el juicio. En el caso del propietario del vehículo por medio de la citación como 3, al ver que el resultado del juicio inexorablemente impactará para bien o para mal en su situación procesal, podrá como consecuencia oponer las mismas excepciones que las partes según el art. 91 del CPCCN.

En este caso, el propietario del vehículo debiera ser tenido como un codemandado junto al resto de las empresas con la diferencia de que de no comprobarse los vicios redhibitorios, el encargado de pagar la suma indemnizatoria sería él y no las empresas. Por el contrario, de efectivamente encontrarse los alegados vicios, en ese caso será un factor eximición de culpa y por ende deberán responder las empresas. Una solución donde deban responder todos los codemandados no resultaría posible -este punto se desarrollará más adelante-.

Por el lado del actor, la figura del consumidor bystander le permitió vincular en una misma demanda a todas las partes involucradas en un mismo hecho sin 

necesidad de recurrir a dos juicios de forma separada y más costosa. Asimismo, la ley por sí misma prevé los remedios legales para que el juicio verse sobre objetos que son ajenos al patrimonio de las partes sino son parte del patrimonio de terceros.

Una vez trabada la litis, el juicio tramitará ordinariamente y sin mayores dificultades.

Las empresas deberán darle una gran relevancia a la pericia mecánica que pueda inspeccionar el vehículo y revisar -en este caso- el sistema de frenos. Ante dicho panorama, el experto con su conocimiento técnico y especializado de la materia, podrá determinar si el vehículo al momento del accidente se encontraba en óptimas condiciones o por el contrario, el accidente era inevitable.

Se recomienda asimismo, acompañar pruebas documentales como por ejemplo ingresos realizados al concesionario que puedan demostrar el funcionamiento del vehículo y -¿por qué no?- prueba informativa a la entidad gubernamental de tránsito para que informe si el dueño del vehículo presentaba antes del accidente multas por exceso de velocidad. Si bien no es un factor clave, configuraría un indicio más que fortalece el argumento de las empresas respecto a la culpa del propio conductor.

Por último, por el lado del conductor era inevitable que no estuviera envuelto en un juicio cuando justamente tomó parte de los hechos. La única forma de poder escapar al proceso judicial y a sus costos es la simple colaboración procesal con el actor. En ese caso, ante una posible amenaza de juicio que pueda ocasionarle la quiebra, podría facilitarle al actor ciertos elementos de prueba que pueden ser traídos al juicio como por ejemplo algunos documentos -fecha de ingresos a los concesionarios- y hasta el propio vehículo para que se le realice una pericia mecánica para corroborar los hechos alegados.

Del mismo modo, para el caso que el actor no haya advertido la insolvencia del conductor del vehículo, el demandado asimismo puede citar como tercero a la automotriz y al concesionario fundándose en los mismos artículos del CPCCN.

En ese caso, será el actor quien deberá decidir que opción tomar: a) aguardar que las empresas citen como tercero al dueño del conductor como principal y único responsable y de esa forma tener en un mismo juicio a todos los eventuales responsables de su daño o b) previamente a iniciar la demanda acordar con el dueño del vehículo las pruebas respectivas de que la causa originaria se encuentre en ciertos vicios.

Como Ud. puede observar, este procedimiento previo a iniciar la demanda y luego de trabada la litis, ha puesto al propio actor en una situación de comodidad respecto a quien demandar por medio de la figura del consumidor bystander.

Inicialmente, se planteó que solución puede brindar el sistema de responsabilidad de daños para el caso en que medie una insolvencia con el demandado. De esta forma, vemos como el actor en este caso recurriendo a la figura mencionado y por los remedios procesales se puede encontrar una alternativa eficaz a su reclamo.

Sin embargo también hay que mencionar que esta estrategia conlleva un costo que debe ser tenido en cuenta al momento de trabar la litis: el actor deberá hacerse cargo de las costas de aquellos demandados que hayan sido desvinculados de la demanda -ya sea por si efectivamente hubo o no hubo un vicio redhibitorio-.

Ahora bien ¿es esta la solución más eficiente? Realmente, ¿deben las empresas responder siempre que medie una insolvencia por parte del demandado y de que se presente un vicio redhibitorio en el producto? Esta preguntas serán analizadas en el punto posterior.

 

Cuestiones económicas respecto a la figura

Este sistema que utiliza la figura del consumidor bystander solamente podría utilizarse para supuestos en donde el consumidor resulta ser insolvente, para poder llegar a un resultado óptimo que pueda responder a eventuales daños generados hacia terceros.

Un sistema donde las empresas estén obligadas a responder por cada daño que el consumidor haya provocado a terceros sin tener la solvencia patrimonial del consumidor resultaría ser insostenible.

El consumidor sabiendo de ante mano que no tendrá responsabilidad frente a cualquier daño que pueda llegar a producir hacia terceros provocaría como consecuencia que no estén correctamente incentivados a tomar un debido cuidado en la utilización del producto.

Tomemos el ejemplo del accidente automovilístico: el conductor independientemente si es una persona solvente o no, no tendrá mayores incentivos hacia los peatones y/o otros vehículos en cumplir con las normas de tránsito si el responsable de compensar los daños provocados inexorablemente será la empresa -¿en su caso Ud. lo tomaría? ¿puede determinar el número de personas que no estarían incentivadas a conducir con cuidado si no van a ser responsables de sus actos?-.

Por ello mismo, dado a que la responsabilidad que toma la Ley de Defensa del Consumidor es de responsabilidad objetiva, no puede ser utilizada a la ligera y culpar a las empresas por cada daño provocado entre las partes. De hacerlo se quitaría todo tipo de incentivo a los consumidores de tomar los cuidados requeridos frente a productos que ya de por su propia naturaleza resultan ser riesgosos -ya no estamos solamente hablando de vehículos sino también se puede agregar otros productos como un arma, cubiertos de cocina o motos, entre otras cosas-.

En efecto, justamente es ésta la principal distorsión que puede llegar a generar la figura del consumidor bystander si se lo utiliza para cada ocasión en que haya mediado un daño entre particulares.

De esa forma, resulta necesario que el consumidor que provocó el daño hacia el tercero deba responder patrimonialmente ante el tercero. Consecuentemente, el consumidor internaliza dicha pérdida y ello genera un incentivo para que el consumidor deba adoptar un cuidado mayor en la utilización del servicio.

Asimismo, el sistema de responsabilidad de daños termina funcionando adecuadamente para que de esa forma el cheapest cost avoider (6) -en este caso el consumidor- pueda adoptar todos los medios necesarios para prevenir el daño de la forma menos costosa posible.

Ahora bien, tal como se podrá advertir dicho sistema solamente podrá ser efectivo en la medida que haya cierta solvencia patrimonial del propio consumidor que 

asimismo pueda responder frente a los daños ocasionados. Cuando se presenta una insolvencia patrimonial en el que el consumidor resulta ser insolvente, entonces se requiera de un deep pocket (7) que pueda compensar el daño ocasionado por la utilización del producto.

En definitiva, un sistema que solamente adopte siempre un mismo responsable para todas las situaciones que provoquen un daño a terceros en la utilización de un producto -la responsabilidad siempre es del consumidor o por defecto, la responsabilidad siempre es de la empresa-. no resulta ser un sistema óptimo.

Si la empresa advierte que responderá cada vez que haya un daño de un consumidor hacia terceros, muy probablemente aumentará los precios de los productos para amortiguar las pérdidas que debe compensar a todas las víctimas. De esa forma también se produce una distorsión para el resto de los consumidores que también consumen el producto. Es justo que el consumidor que no adoptó ningún cuidado deba adquirir el producto a un mayor precio, aunque ¿es también justo que el resto de los consumidores que efectivamente adoptaron un cuidado requerido en la utilización del mismo producto también deban adquirirlo al mismo precio?

Del mismo modo, un sistema donde solamente deba responder los consumidores por los daños ocasionados generaría como consecuencia que las empresas no destinen algunas inversiones hacia la seguridad del producto, de ser así ¿Ud. si fuera presidente de la empresa invertiría en la seguridad del producto si advierte de antemano que no se deberá hacer cargo por los daños ocasionados a raíz de la utilización de su producto?

En ese caso, la empresa al no tener que afrontar ningún tipo de costos en relación a eventuales reclamos que puedan llegara efectivizarse por parte de terceros -a contraposición del sistema anterior-, disminuirá el precio del producto significativamente hacia el punto donde el precio iguale el costo marginal de producción del producto. Como existen consumidores insolventes, el mercado no internaliza el daño “social” provocado por la utilización del producto y el nivel de actividad económica termina siendo excesivamente elevado. 8

De esa forma, el consumidor que adopta el debido cuidado y que asimismo responde por los daños provocados a terceros, demandará un producto que resulte ser más seguro. Una potencial solución respecto a ello es que las empresas competidoras advirtiendo esta problemática ofrecerán el producto seguro a un precio mayor y de esa forma, los consumidores insolventes que no adoptan el cuidado necesario tendrán acceso a productos más baratos pero más inseguros y por el contrario, los consumidores solventes tendrán acceso a productos más seguros pero que asimismo son más caros.

Ahora bien, respecto a esta última precisión cabe manifestar que en este caso, el producto adquirido solamente por el consumidor insolvente, en un sistema donde solamente respondería el consumidor final y no la empresa-, no ofrecería compensación alguna frente a los daños provocados hacia los terceros.

De esa forma se puede observar que la figura del consumidor bystander ofrece una solución solamente para el caso de que exista una insolvencia: cuando se trate de consumidores solventes deberían responder ellos por los daños ocasionados; pero cuando exista una insolvencia por parte consumidor que no puede hacerse cargo del daño provocado, entonces efectivamente debiera hacerse responsable la empresa.

En ese sentido, cabe precisar que para el hipotético caso en que la empresa pudiera obtener una información completa sobre qué tipo de consumidores configura el grupo de insolventes y qué tipo de consumidores son solventes, entonces podría efectuar una discriminación de precios. 9

Para el caso de los consumidores solventes, al ver que no se podrá efectivizar un reclamo de un tercero por los daños ocasionados, entonces fijará un precio que aproximadamente iguale sus costos marginales de producción.

En cambio, frente a un consumidor insolvente el precio no sólo reflejara los costos marginales, sino que además estará representado el costo por los eventuales reclamos que puedan llegar a producirse por el daño provocado hacia terceros; el precio será mayor. 10

Sin embargo, en la realidad esta información difícilmente -por no decir imposible- pueda llegar a obtenerse. Las empresas al no poder discriminar entre estos dos tipos de consumidores fijaría un único precio en los cuáles se comprendan no sólo los costos marginales sino también los eventuales reclamos que deba afrontar frente a consumidores bystander.

En ese caso, el consumidor solvente -como se mencionó anteriormente- también se verá doblemente afectado: deberá hacerse cargo patrimonialmente por los daños ocasionados a terceros y asimismo deberá adquirir un producto a un precio elevado que también represente los eventuales daños que la empresa deba responder frente a consumidores bystander.

Frente a ello, ¿cuál podría ser una solución efectiva para la propia empresa y el propio consumidor solvente? Es la misma que se mencionó en párrafos anteriores, se le debiera ofrecer un producto sumamente seguro que no genere ningún tipo de daños a terceros de manera tal que reduzca significativamente la probabilidad ocurrencia de aquellos riesgos que luego el consumidor solvente debe afrontar.

Igualmente, al aumentar los precios del producto, la empresa se asegura que cada vez menos consumidores insolventes puedan acceder a su producto -y que asimismo estén dispuestos a pagar por dicho precio- y por ende no deba atender a diversos reclamos de consumidores bystander.

Por el lado del consumidor solvente el producto seguro representa una garantía de la baja probabilidad de riesgos que pueda llegar a causarle a él mismo como así también hacia terceros por los que difícilmente -al prevenirse la contingencia- deba responder.

Ahora bien, como el lector podrá observar en ese punto, la figura del consumidor bystander de ser correctamente utilizada para casos de insolvencia provoca un incentivo para las empresas en proveer productos seguros, y al mismo tiempo hacia los consumidores finales con solvencia patrimonial en tomar el debido cuidado frente a 

uso que se le da al mismo.

Por último, cabe realizar una precisión respecto al consumidor insolvente que generó el daño en el tercero. En esta situación, justamente los incentivos para una persona insolvente ante cualquier tipo de situación que pueda generar cierto riesgo serán indefectiblemente bajos para poder prevenirlos. Como no posee la solvencia patrimonial para poder darle una garantía lo suficientemente sólida al acreedor, para poder cobrar su crédito no quiere decir que no se le deba imponer un incentivo para que pueda adoptar un debido cuidado.

En ese caso, reviste de una importancia significativa las sanciones penales que el Estado puede llegar a imponerles a aquellos consumidores agentes que dificulten directamente en el desenvolvimiento de la actividad riesgosa -ej. respecto al conductor una sanción podría ser una multa o la suspensión o quita de la licencia de conducir-.

Al respecto cabe mencionar que en general este tipo de sanciones pueden llegar a ser costosas e ineficientes dado a que muchos consumidores insolventes advirtiendo la frecuencia de como se aplica este tipo de sanciones -de tener poca frecuencia- pueden no estar incentivas lo suficientemente como para obra con un debido cuidado.

Otra forma de poder prevenir el riesgo creado por el consumidor insolvente termina siendo también la suba de precios del producto de manera tal que aquellos que no pueden responder por el daño generado, no puedan acceder a dicho producto. Asimismo, es una forma de “dejarlos a un lado” de la situación de manera tal que solamente intervengan en esta situación los consumidores que resultan ser lo suficientemente solventes como para poder hacerse cargo de los potenciales daños que pudieran llegar a ocasionarse hacia terceros.

 

Conclusión

En cierta forma, la posible aplicación de la figura del consumidor bystander frente a supuestos de insolvencia, ha dado como consecuencia una opinión favorable para que esta figura pueda llegar a seguir estando vigente en nuestra legislación.

No obstante ello, existen diversas opiniones doctrinales que han optado a lo largo de estos años por una aplicación casi automática de este tipo de instituciones, y en consecuencia en una responsabilidad directa hacia las empresas frente a las situaciones que aquí se han analizado.

En mi opinión, si bien considero que la figura del consumidor bystander  puede resultar muy práctica para brindar una solución eficiente ante ciertas situaciones, también considero que no se debe aplicarla de una forma abusiva ante cualquier situación.

Como ya se mencionó en el punto anterior, la ampliación de la legitimación pasiva de las empresas, puede producir generar que los precios del producto puedan ser aumentados para de esa forma, el resto de los consumidores que pagan el precio aumentado, en cierta forma están aportando un porcentaje de la eventual sentencia que la empresa deberá hacerse cargo.

Asimismo, el responsable directo, al advertir que la empresa eventualmente pagará la sentencia al tener un patrimonio más solvente -independientemente de si el responsable directo es o no solvente-, no estará más incentivado a tomar cierta precaución para casos futuros.

Es por ello que resulta necesario advertir que esta institución no debe ser tomada ante cualquier situación en la cual se alegue una relación de consumo ya que de lo contrario, la responsabilidad de defensa al consumidor en cierta forma estaría desplazando indebidamente a otras instituciones que podrían ser igualmente aplicadas para este tipo de situaciones.  

 

1- Fernando E. Shina, “Daños al Consumidor. Soluciones jurisprudenciales a casos célebres“, Astrea, Buenos Aires, 2014, página 408-410.

2- CNCom, Sala C; “Garantizar SGR C/ Caneva Graciela Edith S/ Ejecutivo” (Expte. N 32004/11); 12/09/13.

3- Cabe mencionar que el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires al tener reglas similares estará también sujeto a las mismas soluciones alcanzadas en este escrito.

4- De hecho, en un por otro asunto, la jurisprudencia subraya dicho aspecto al dictaminar que: “Pues aún cuando la regla de la carga de la prueba en el juicio ordinario posterior, de acuerdo a los términos del CPR: 377, recae en principio sobre el accionante; sin embargo, según la doctrina que se ha dado en llamar carga dinámica de la prueba o prueba compartida, dicha carga habrá de recaer en aquél que esté en mejor situación de producir los medios probatorios tendientes a obtener la verdad objetiva; por lo que, al tratarse la accionada de un comerciante con alto grado de especialización, con superioridad técnica  sobre  los actores neófitos, al proponer la forma de contratación y el documento en que se instrumentó, se encontró en mejores condiciones de probar la celebración del contrato fundamento del crédito.” (CNCom, Sala E, ” PADILLA, RAMON  ANTONIO C/ BBVA BANCO FRANCES S/ ORDINARIO” (LL 20.9.11, F. 115777), Expte. N 14345/05; 11/05/11)

5- El art. 90 del CPCCN preve que: “Podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare, quien: 1) Acredite sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio. 2) Según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio.

Asimismo, el art. 90 prevé que: “En el caso del inciso 1. del artículo anterior, la actuación del interviniente será accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta. En el caso del inciso 2. del mismo artículo, el interviniente actuará como litisconsorte de la parte principal y tendrá sus mismas facultades procesales.”

6- Calabresi, Guido, “Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts” Yale Law Journal Vol. 70 (4), 1961.

7- Idem.

8- Bruce Hay y Kathrym E. Spier, “Manufacturer Liability for Harms Caused by Consumers to Others“.

9- Desde luego que esto solamente un escrito dedicado a un análisis económico del derecho respecto a la figura del consumidor bystander. Si bien la práctica de discriminación de precios puede configurar una práctica anticompetitiva, no es tarea de este escrito analizar sus efectos.

10- De cualquier forma es una posible solución meramente teórica que en la práctica difícilmente pueda ponerse en práctica: los consumidores insolventes advirtiendo esto, para poder acceder a precios más baratos podrían simular una situación de solvencia patrimonial y de esa forma ser tenido en cuenta dentro del grupo de consumidores que debieran pagar menos. En efecto, la información inicial se distorsionaría y las empresas nuevamente no advertirían quienes son solventes y quiénes no.

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